A fines del siglo XVIII, la sociedad francesa estaba políticamente dividida en tres órdenes o estados. El primer estado estaba compuesto por la nobleza y el segundo por el alto clero. Ambos eran los propietarios de la mayor parte de las tierras, controlaban la administración, el ejército, la educación y la beneficencia. Eran aliados de la Corona. Además de obtener de ella grandes beneficios económicos y jurídicos, gozaban de una situación social distinguida.
El tercer estado estaba formado por el resto de la población (96%): por el bajo clero, la nobleza empobrecida y la burguesía (banqueros, grandes y pequeños comerciantes y profesionales libres, como abogados, periodistas y médicos); por los criados y trabajadores urbanos (pertenecientes a los gremios, dependientes de los comerciantes o pequeños fabricantes); y por el campesinado (siervos, braceros, jornaleros, aparceros, arrendatarios y pequeños propietarios) que componía 80% de la población.
A lo largo del siglo XVIII, la monarquía francesa sufrió un constante deterioro por el desprestigio acumulado y su permanente bancarrota financiera. El Estado hacía gastos excesivos que engendraban déficits crónicos. Entre ellos estaban los intereses de los préstamos que había contratado para enfrentar la Guerra de los Siete Años, para apoyar la Independencia de las Trece Colonias inglesas de Norteamérica y para mantener su ejército y su corte que era bastante despilfarradora.
Un pensador de la época, Emmanuel Siejès, escribió: “El tercer estado abraza, pues, todo lo que pertenece a la nación, y todo lo que no es el tercer estado no puede considerarse como formando parte de ella. ¿Qué es el tercer estado? Todo”.
La crisis del Antiguo Régimen
Con la finalidad de pagar sus deudas y gastos, la monarquía había exigido innumerables impuestos al tercer estado: sobre el consumo, las tierras, per cápita, sobre la sal, etcétera. La nobleza y el clero quedaban exentos. A estas cargas se sumaban la contribución a la Iglesia católica o diezmo y las que imponían los señores o nobles rurales a los campesinos por usar sus tierras para sembrar, cazar o pescar.
Entre 1780 y 1789 año del estallido de la Revolución, el tercer estado se encontraba en una situación económica insostenible. En esa década, la población francesa creció, los precios del trigo y el vino se incrementaron por malas cosechas, y la miseria, el hambre y el descontento se extendieron. Para solucionar la crisis económica que afectaba a toda Francia, los distintos ministros de Hacienda del rey Luis XVI habían insistido en aplicar una nueva política fiscal que suprimiera o igualara los impuestos para favorecer el libre comercio, estimular la producción, aminorar la injusticia y los gastos excesivos del gobierno.
Sin embargo, la corte, la nobleza y la Iglesia se habían opuesto sistemáticamente a cualquier reforma. Durante los años previos a la Revolución, la crítica de la burguesía a la monarquía se había convertido en el tema de mayor interés y diversión en las tertulias, los clubes y las logias masónicas.
Las doctrinas de la Ilustración se discutían y los ánimos se encendían contra el sistema absolutista, la doctrina del derecho divino, la centralización del gobierno, la arbitrariedad de la justicia en los tribunales, la falta de libertad, la división de la sociedad en estamentos y la extrema desigualdad que permitía la total ociosidad de unos cuantos y el trabajo extenuante y los bajos salarios de los demás. El descontento popular de campesinos, obreros, criados, así como el de la burguesía coincidieron en un objetivo común: acabar con el Antiguo Régimen.
El triunfo de la burguesía
En 1788, ante la bancarrota nacional, Luis XVI recurrió a uno de sus antiguos ministros de Hacienda, Jacques Necker. Éste convocó a la reunión de los Estados Generales, que no habían sido llamados desde 1614.
En esta reunión, realizada ya en el que después sería considerado el año glorioso de 1789, el tercer estado consiguió que las votaciones no fueran por estados, porque siempre quedaba en desventaja frente a los dos votos del alto clero y la nobleza, y logró que el voto fuera personal (nominal), con lo cual tendría la mayoría. Los 600 delegados que componían el tercer estado se consideraron los representantes del pueblo francés y decidieron convertirse en Asamblea Nacional con el fi n de establecer un nuevo pacto o acuerdo social y dejarlo plasmado en una Constitución.
Por esta razón, el rey los expulsó de la sala de actos del Palacio de Versalles. Inmediatamente, éstos decidieron juntarse en la sala del Juego de Pelota y juraron no separarse hasta no haberle dado a Francia una Constitución.
Pocos días después de instalarse la Asamblea Nacional, ésta se convirtió en Asamblea Constituyente. El rey parecía estar conforme y una parte de la nobleza y el clero se unió al tercer estado. Sin embargo, el rey insistió en su autoridad de derecho divino, mostró que era señor del ejército y protector de su nobleza y concentró tropas en Versalles y París.
Esta acción fue provocadora para el pueblo parisino, el cual, enardecido, asaltó la Bastilla (la prisión del Estado), tomó las armas que estaban dentro y liberó a los detenidos. El ejército fue disuelto y Lafayette asumió el mando de la Guardia Nacional, o sea, las milicias que entrarían a servir a la Revolución. Cansados de los abusos de sus señores y del despojo de sus bienes, los campesinos también mostraron su malestar cuando los rumores de lo que sucedía en París llegaron a sus oídos. Estallaron rebeliones campesinas que tomaron castillos y quemaron los cuadernos de quejas de los señores feudales, donde estaban registradas sus deudas. En toda Francia se propagó el Gran Miedo.
Muchos nobles huyeron a las ciudades o al extranjero y, por otro lado, en las ciudades se organizaron comunas (ayuntamientos revolucionarios) que rompieron con la estructura monárquica centralista. Presionada por el pueblo, la Asamblea eliminó los derechos feudales y dio a conocer la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Inspirado en la Bill of Rights, el texto de esta Declaración señaló cuáles eran los derechos naturales e imprescindibles de todos los seres humanos: el respeto a su propiedad, la igualdad de todos ante la ley, el derecho a la libertad personal y el derecho de los pueblos a la insurrección cuando el gobierno fuera opresivo.
La multitud en su mayoría mujeres, desesperada por la carestía, fue a Versalles y trasladó al rey y a la Asamblea a París para hacer frente a la crisis financiera. Se resolvió entonces nacionalizar y poner a la venta los bienes de la Iglesia católica, la Corona y la nobleza que había emigrado.
La Constitución se concluyó en 1791. En ella se proclamó la monarquía constitucional, dividida en un poder Ejecutivo que respetaba la fi gura del rey, aunque con una actuación limitada, y un poder Legislativo depositado en una Asamblea o cámara electa por voto censitario. El voto censitario. sólo daba derecho a los propietarios y ciudadanos adinerados de elegir a sus representantes. Los miembros del clero pasaban a ser designados por el gobierno. Se suprimían las órdenes religiosas y los conventos, así como las huelgas y las asociaciones obreras.
Las instituciones judiciales y administrativas se reorganizaban y se empezaba a practicar la democracia en los recién creados departamentos, distritos, cantones y comunas, cuyos consejos estaban obligados a aplicar la igualdad de la ley a todos los franceses. La nueva Constitución simbolizó el triunfo de un nuevo mundo: el de la burguesía y su proyecto de modernización y democratización de las instituciones, el de la libertad de mercado y acción, de tolerancia y pluralidad religiosa, pero también el del control y dirección de las masas trabajadoras.
La lucha revolucionaria
En junio de 1791, la familia real, disfrazada, trató de huir pero fue reconocida en Varennes y regresada a París. Esta acción fue, para los franceses, una demostración de que el rey no estaba dispuesto a aceptar la monarquía constitucional y que tenía tratos ocultos con los ejércitos extranjeros y apoyaba a los contrarrevolucionarios que deseaban que Francia retornara a la situación anterior. El pueblo consideró que el rey era un traidor a la patria. Pocos meses después entró en funciones la Asamblea Legislativa, dividida en tres grupos y tendencias políticas.
En la sala de la Asamblea, los constitucionalistas, revolucionarios moderados, representantes de la burguesía industrial y comercial, conocidos como girondinos, se sentaban a la derecha. Al centro un conjunto de diputados independientes, sin un programa defi nido, y a la izquierda los representantes de la pequeña burguesía, los defensores de la Revolución y los demócratas más radicales conocidos como jacobinos (Robespierre, Danton, Desmoulins, Marat, Hébert).
Entre tanto, el gobierno de Inglaterra, las monarquías absolutas (España, Austria, Prusia y Rusia), así como Bélgica y Holanda, atendiendo las súplicas de ayuda de la nobleza francesa que se había fugado, formaron un Concierto Europeo y prepararon acciones de guerra contra el gobierno revolucionario francés. No esperando a que la agresión extranjera empezara, la Asamblea Legislativa se adelantó y le declaró la guerra a Austria. Las masas francesas manifestaron exaltados sentimientos patrióticos contra la intervención extranjera y el rey.
El 10 de agosto, el gobierno popular y revolucionario de la Comuna de París, instalado en la principal ciudad francesa y bajo la dirección de los jacobinos, asaltó el palacio de las Tullerías, apresó al rey y convocó a la elección, por sufragio universal, de una Convención Nacional. En 1792, el movimiento entró en una fase de radicalización “contra los enemigos del pueblo”.
Las masas asaltaron las prisiones y ejecutaron a aristócratas, clérigos refractarios (fanáticos) y otros sospechosos de atentar contra la Revolución. Además, formaron tropas que marcharon a la guerra para detener al enemigo. En ese momento se entonó, por primera vez, el himno La Marsellesa. En Valmy este ejército improvisado pero entusiasta derrotó a Prusia.
